AMPAROS DE SALUD Y REPRODUCCIÓN  MEDICAMENTE ASISTIDA. LEY 26.862

Con los Amparos de salud, y en particular en lo referente al tema que nos ocupa en este caso, la cobertura integral de los tratamientos de fertilidad, de reproducción asistida, se busca dar solución rápida y eficaz a un problema concreto, obligando judicialmente a los prestadores de salud a cumplir con la ley.

En la provincia de Buenos Aires la ley 14.208  y antecedentes jurisprudenciales engendrados desde antiguo habían dado luz un enfoque protector respecto al encuadre jurídico y la cobertura asistencial requerida en casos de amparos y reproducción  asistida. La primera de las normas mencionadas luego de definir y encuadrar la infertilidad como una enfermedad nos la define expresando que:

“La infertilidad es la dificultad de una pareja de concebir un niño naturalmente o de llevar un embarazo a término, luego de un año de vida sexual activa. A su vez, se entiende por reproducción médicamente asistida a los procedimientos y técnicas realizados con asistencia médica para la consecución de un embarazo”.

A partir de allí como hechos antecedentes  y ya con la sanción de la ley 26.862, ley  de alcance nacional, se legisla y garantiza el acceso  integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida.

Dicha norma define  tal procedimiento en su artículo 2: “Se entiende por reproducción médicamente asistida a los procedimientos y técnicas realizados con asistencia médica para la consecución de un embarazo. Quedan comprendidas las técnicas de baja y alta complejidad, que incluyan o no la donación de gametos y/o embriones”.

La ley pone a cargo de un vasto número de agentes de salud, que brindan a sus afiliados servicios médico-asistenciales, la cobertura integral de este tipo de tratamientos.

El artículo 8  de la citada ley  se establece que:

“El sector público de salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura jurídica que posean, incorporarán como prestaciones obligatorias y a brindar a sus afiliados o beneficiarios, la cobertura integral e interdisciplinaria del abordaje, el diagnóstico, los medicamentos y las terapias de apoyo y los procedimientos y las técnicas que la Organización Mundial de la Salud define como de reproducción médicamente asistida, los cuales incluyen: a la inducción de ovulación; la estimulación ovárica controlada; el desencadenamiento de la ovulación; las técnicas de reproducción asistida (TRA); y la inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, con gametos del cónyuge, pareja conviviente o no, o de un donante, según los criterios que establezca la autoridad de aplicación. Quedan incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO) estos procedimientos, así como los de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo, con los criterios y modalidades de cobertura que establezca la autoridad de aplicación, la cual no podrá introducir requisitos o limitaciones que impliquen la exclusión debido a la orientación sexual o el estado civil de los destinatarios.

También quedan comprendidos en la cobertura prevista en este artículo, los servicios de guarda de gametos o tejidos reproductivos, según la mejor tecnología disponible y habilitada a tal fin por la autoridad de aplicación, para aquellas personas, incluso menores de dieciocho (18) años que, aun no queriendo llevar adelante la inmediata consecución de un embarazo, por problemas de salud o por tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas puedan ver comprometidas su capacidad de procrear en el futuro”

Si bien la simple lectura de la norma no parece admitir mayores discusiones interpretativas, lo cierto es que ello no es así y en el día a día se dan casos y consultas vinculadas a problemas suscitados con la cobertura debida de los tratamientos mencionados. Ocurre que sin entrar a analizar el por qué de tal accionar las instituciones y empresas obligadas a brindar una cobertura integral de los procedimientos médicos indicados, muchas veces niegan, rehúsan o asumen parcialmente los costos, o no cuentan en sus cartillas con especialistas en la materia, o niegan la cobertura en el especialista escogido por el paciente, entre otras complicaciones y dificultades que presentan para brindar la cobertura total.

Es entonces, cuándo resulta conveniente no sólo estar informado sobre las coberturas debidas por los prestadores, sino saber cómo actuar y a quién recurrir para exigir la protección de sus derechos en casos que necesitan soluciones rápidas y no especulaciones ni dilaciones innecesarias. En nuestro equipo de abogados contamos con profesionales preparados para brindarle el asesoramiento y el acompañamiento que necesita en el reclamo  judicial, amparos en busca de cobertura por reproducción asistida, en caso que ello sea lo aconsejable.

Y recordemos que la infertilidad es caracterizada como una limitación  que afecta el disfrute del más alto nivel posible de salud, y cuya protección tiene jerarquía constitucional.

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